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NIS2 y seguridad de los recursos humanos: qué exige y por qué no puedes pedir antecedentes penales

Por NIS2Certify
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NIS2 y seguridad de los recursos humanos: qué exige y por qué no puedes pedir antecedentes penales

Un proveedor de servicios gestionados de Zaragoza contrata a un ingeniero sénior que tendrá permisos de administración en cuarenta entornos de clientes. Recursos Humanos le pide un certificado de antecedentes penales, "porque lo exige NIS2". El candidato se niega y cita la protección de datos.

Los dos tienen parte de razón. NIS2 convierte la seguridad de los recursos humanos en una obligación real para un grupo concreto de entidades. Pero la directiva no menciona los antecedentes penales, y en España pedirlos sin una ley que lo ampare es una infracción.

Es la medida que seguridad le pasa a RR. HH. y RR. HH. devuelve. Esto es lo que dicen los textos y lo que podrás defender ante un supervisor.

NIS2 y seguridad de los recursos humanos: cuatro palabras en el Article 21(2)(i)

El Article 21(2)(i) de la Directiva (UE) 2022/2555 incluye la seguridad de los recursos humanos, las políticas de control de acceso y la gestión de activos entre las diez medidas mínimas. El considerando 79 solo añade que las entidades deben abordarla dentro de su gestión de riesgos.

España no ha transpuesto la directiva. El Anteproyecto de Ley de Coordinación y Gobernanza de la Ciberseguridad no llegó a las Cortes, que fueron disueltas por el Real Decreto 806/2026, de 5 de octubre. El Real Decreto-ley 12/2018 sigue en vigor. El contexto está en nuestro artículo sobre el retraso de la transposición en España.

Eso no deja el tema vacío. Una parte de tus clientes ya está obligada por un reglamento europeo, y otra por el Esquema Nacional de Seguridad. Los otros dos tercios de este punto están en nuestra guía sobre control de acceso y gestión de activos.

Artículo 21 — 10 Medidas de Ciberseguridad NIS2

Artículo 21

10 Medidas de Ciberseguridad

Gobernanza & Estrategia

1Análisis de riesgos & políticas de seguridad de la información
6Evaluación de la eficacia de las medidas de seguridad

Incidentes & Continuidad

2Gestión de incidentes & notificación
3Continuidad del negocio & recuperación ante desastres

Cadena de Suministro & Sistemas

4Seguridad de la cadena de suministro
5Seguridad en el desarrollo de sistemas de redes e información

Controles Técnicos

8Criptografía & cifrado
10Autenticación multifactor & comunicaciones seguras

Personas & Activos

7Ciberhigiene & formación
9Seguridad de RRHH & control de acceso

Para MSP y proveedores cloud, el Reglamento de Ejecución ya se aplica

El Reglamento de Ejecución (UE) 2024/2690 es mucho más detallado y se aplica directamente, sin ley nacional. Afecta a proveedores de servicios de DNS, registros de nombres de dominio de primer nivel, proveedores de computación en nube, de centros de datos y de redes de distribución de contenidos, proveedores de servicios gestionados, proveedores de servicios de seguridad gestionados, mercados en línea, motores de búsqueda, redes sociales y prestadores de servicios de confianza.

Si diriges un MSP, eres tú, no solo tus clientes.

La sección 10 del anexo contiene cuatro bloques:

  • 10.1 Seguridad de los recursos humanos. Los empleados y, cuando proceda, los proveedores directos comprenden sus responsabilidades de seguridad y se comprometen con ellas. La contratación incluye mecanismos como comprobación de referencias, procedimientos de verificación, validación de certificaciones o pruebas escritas. La asignación de roles se revisa al menos una vez al año.
  • 10.2 Verificación de antecedentes. Se explica más abajo.
  • 10.3 Finalización o cambio de empleo. Las obligaciones que perduran, como la confidencialidad, se definen en el contrato y se hacen cumplir.
  • 10.4 Proceso disciplinario. Un proceso documentado y comunicado para los incumplimientos de la política de seguridad.

El punto 10.1.2 destaca dos grupos: los usuarios con acceso administrativo o privilegiado y los miembros de los órganos de dirección. Ambos deben conocer su función y sus facultades, de forma demostrable.

La verificación de antecedentes se basa en el riesgo, no es general

El punto 10.2.1 exige verificar los antecedentes solo en la medida en que sea factible, y solo si la función, las responsabilidades y las autorizaciones de la persona lo requieren. Nadie te pide investigar a recepción.

El punto 10.2.2 fija dos tareas concretas. Definir criterios que indiquen qué funciones solo pueden ejercer personas verificadas. Y completar la verificación antes de que la persona empiece en esa función.

El reglamento no nombra puestos. Las directrices técnicas de ENISA (versión 1.0, junio de 2025) sugieren directivos, funciones con acceso a información sensible, funciones financieras, compras y seguridad física. Para un MSP la lista es más corta: cualquiera con acceso privilegiado a los entornos de clientes, la plataforma RMM, las copias de seguridad o el proveedor de identidad.

Los antecedentes penales solo aparecen en el considerando 22, como ejemplo: la verificación puede incluir "la comprobación de los antecedentes penales o del desempeño profesional previo de la persona". Puede, no debe. El reglamento tampoco exige repetir la verificación periódicamente; ENISA lo recomienda para funciones críticas.

El RGPD y la LOPDGDD limitan lo que puede contener la verificación

El punto 10.2.2 dice que la verificación tendrá en cuenta la legislación aplicable y la ética. En España esa frase decide casi todo.

El artículo 10 del RGPD solo permite tratar datos de condenas penales bajo supervisión de la autoridad pública o cuando lo autorice el Derecho de la Unión o nacional. El artículo 10.1 de la LOPDGDD lo concreta: ese tratamiento "solo podrá llevarse a cabo cuando se encuentre amparado en una norma de Derecho de la Unión, en esta ley orgánica o en otras normas de rango legal".

Las directrices de ENISA citan formularios de consentimiento firmados como posible evidencia. Cuidado: entre empresa y candidato el consentimiento rara vez es libre. Una firma no sustituye a una base legal.

La política de verificación de tu cliente tiene, por tanto, dos autores. El responsable de seguridad define qué funciones requieren verificación. Jurídico o RR. HH. definen qué comprobaciones son lícitas para esas funciones.

Antecedentes penales: la AEPD dice que no, salvo que una ley lo prevea

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) es tajante. En su guía sobre relaciones laborales afirma que la solicitud de un certificado de antecedentes penales solo es conforme "en el supuesto de que una norma contemple dicha medida. En otro caso, la solicitud vulnera el derecho a la protección de datos". Sus ejemplos son el trabajo con menores, los sujetos obligados en prevención del blanqueo y la seguridad aérea.

El Real Decreto 95/2009 va en la misma línea: el certificado se expide a petición del titular y se entrega al titular. Un considerando de un reglamento de ejecución que dice que la verificación "puede incluir" antecedentes penales es una base muy débil frente a ese criterio.

¿Qué queda? Lo que ya prevé el Esquema Nacional de Seguridad. La medida mp.per.1 del Real Decreto 311/2022 exige, en categorías media y alta, tener en cuenta los requisitos del puesto en la selección, "incluyendo la verificación de sus antecedentes laborales, formación y otras referencias, de conformidad con el ordenamiento jurídico". Antecedentes laborales, no penales.

Ojo con los grupos internacionales. Polonia exige un certificado para ciertas funciones; España prácticamente lo prohíbe. Una política de grupo única será ilícita en al menos un país.

Transposición de NIS2 por país

  • AustriaEn vigor
    • En vigor desde el 1 de octubre de 2026
    • Ley: NISG 2026 (BGBl. I Nr. 94/2025)
    • Registro hasta el 31 de diciembre de 2026

    Autoridad: Federal Office for Cybersecurity · Fuente

  • Países BajosEn vigor
    • En vigor desde el 15 de agosto de 2026
    • Ley: Cyberbeveiligingswet (Stb. 2026, 187)
    • Registro obligatorio, sin periodo transitorio

    Autoridad: NCSC (MijnNCSC) · Fuente

  • LuxemburgoEn vigor
    • En vigor desde el 10 de mayo de 2026
    • Ley: Law of 5 May 2026
    • Registro hasta el 10 de julio de 2026

    Autoridad: ILR (CSSF for finance) · Fuente

  • PoloniaEn vigor
    • En vigor desde el 3 de abril de 2026
    • Ley: UKSC (Dz.U. 2026 poz. 252)
    • Registro hasta el 3 de octubre de 2026
    • Medidas hasta el 3 de abril de 2027

    Autoridad: Minister Cyfryzacji (Wykaz KSC) · Fuente

  • PortugalEn vigor
    • En vigor desde el 3 de abril de 2026
    • Ley: Decree-Law 125/2025 (RJC)

    Autoridad: CNCS · Fuente

  • BulgariaEn vigor
    • En vigor desde el 13 de febrero de 2026
    • Ley: Cybersecurity Act amendment (State Gazette No 17/2026)

    Autoridad: Ministry of e-Government · Fuente

  • MaltaEn vigor
    • En vigor desde el 23 de enero de 2026
    • Ley: S.L. 460.41

    Autoridad: Critical Infrastructure Protection Department · Fuente

  • SueciaEn vigor
    • En vigor desde el 15 de enero de 2026
    • Ley: SFS 2025:1506

    Autoridad: NCSC-SE · Fuente

  • EstoniaEn vigor
    • En vigor desde el 1 de enero de 2026
    • Ley: Cybersecurity Act (KüTS) amendment
    • Registro en un plazo de 3 meses

    Autoridad: RIA · Fuente

  • AlemaniaEn vigor
    • En vigor desde el 6 de diciembre de 2025
    • Ley: NIS2UmsuCG
    • Registro hasta el 6 de marzo de 2026
    • 17.729 registros a 30 de junio de 2026

    Autoridad: BSI · Fuente

  • ChequiaEn vigor
    • En vigor desde el 1 de noviembre de 2025
    • Ley: Act No 264/2025 Coll.
    • Registro en un plazo de 60 días

    Autoridad: NÚKIB · Fuente

  • DinamarcaEn vigor
    • En vigor desde el 1 de julio de 2025
    • Ley: NIS 2 Act No 434 of 6 May 2025
    • Registro hasta el 1 de octubre de 2025

    Autoridad: Danish Agency for Societal Security · Fuente

  • EsloveniaEn vigor
    • En vigor desde el 19 de junio de 2025
    • Ley: ZInfV-1 (OG 40/25)
    • Registro en un plazo de 30 días

    Autoridad: URSIV · Fuente

  • ChipreEn vigor
    • En vigor desde el 25 de abril de 2025
    • Ley: Law 60(I)/2025

    Autoridad: Digital Security Authority · Fuente

  • FinlandiaEn vigor
    • En vigor desde el 8 de abril de 2025
    • Ley: Cybersecurity Act 124/2025
    • Registro hasta el 8 de mayo de 2025
    • Medidas hasta el 8 de julio de 2025

    Autoridad: Traficom (NCSC-FI) · Fuente

  • HungríaEn vigor
    • En vigor desde el 1 de enero de 2025
    • Ley: Act LXIX of 2024

    Autoridad: SZTFH · Fuente

  • EslovaquiaEn vigor
    • En vigor desde el 1 de enero de 2025
    • Ley: Act No 366/2024 Coll.
    • Registro en un plazo de 60 días

    Autoridad: NBÚ · Fuente

  • RumaníaEn vigor
    • En vigor desde el 31 de diciembre de 2024
    • Ley: GEO 155/2024 (Law 124/2025)
    • Registro en un plazo de 30 días

    Autoridad: DNSC · Fuente

  • GreciaEn vigor
    • En vigor desde el 27 de noviembre de 2024
    • Ley: Law 5160/2024 (Gazette A' 195)

    Autoridad: National Cybersecurity Authority · Fuente

  • BélgicaEn vigor
    • En vigor desde el 18 de octubre de 2024
    • Registro hasta el 18 de marzo de 2025

    Autoridad: CCB · Fuente

  • LituaniaEn vigor
    • En vigor desde el 18 de octubre de 2024
    • Ley: Law No XIV-2902

    Autoridad: NCSC (MoND) · Fuente

  • ItaliaEn vigor
    • En vigor desde el 16 de octubre de 2024
    • Ley: D.Lgs. 138/2024
    • Medidas básicas hasta octubre de 2026 (entidades designadas en 2025)

    Autoridad: ACN · Fuente

  • LetoniaEn vigor
    • En vigor desde el 1 de septiembre de 2024
    • Ley: National Cybersecurity Law

    Autoridad: National Cybersecurity Centre · Fuente

  • CroaciaEn vigor
    • En vigor desde el 15 de febrero de 2024
    • Ley: Cybersecurity Act (OG 14/2024)

    Autoridad: NCSC (SOA) · Fuente

  • FranciaAún no transpuesta
    • El Senado aprobó la ley el 12 de marzo de 2025
    • La autoridad publicó su marco de referencia el 17 de marzo de 2026
    • Llevado ante el Tribunal de Justicia el 8 de julio de 2026
    • Prerregistro abierto

    Autoridad: ANSSI · Fuente

  • EspañaAún no transpuesta
    • Anteproyecto aprobado el 14 de enero de 2025
    • Llevado ante el Tribunal de Justicia el 8 de julio de 2026
    • Sigue aplicándose el régimen NIS1

    Autoridad: CCN / INCIBE · Fuente

  • IrlandaAún no transpuesta
    • Llevado ante el Tribunal de Justicia el 8 de julio de 2026
    • Proyecto de ley aún no aprobado

    Autoridad: NCSC Ireland · Fuente

Situación a 28 de septiembre de 2026. Otros Estados miembros: consulte la cronología por país.

El personal de los proveedores se cubre por contrato

El punto 10.2.1 extiende la verificación a proveedores directos y prestadores de servicios, cuando proceda, por remisión al punto 5.1.4. Este pide que los contratos especifiquen, en su caso, "los requisitos relativos a los controles de los antecedentes personales de los empleados de los proveedores y prestadores de servicios".

La vía es contractual. No investigas tú a los ingenieros de tu subcontratista; le obligas a hacerlo, dentro de la ley, y a confirmarlo.

Para un MSP esto funciona en ambos sentidos. Tus clientes sujetos a NIS2 o al ENS pondrán la misma cláusula en tu contrato. Espérala en la próxima renovación. El resto de ese contrato está en nuestro artículo sobre evaluación de proveedores.

Bajas y disciplina: la parte más barata de arreglar

La mayoría de los hallazgos en seguridad de los recursos humanos no tienen que ver con la verificación. Tienen que ver con quienes se fueron.

El punto 10.3 exige que las obligaciones posteriores al contrato figuren en él. El punto 12.5 del mismo anexo exige la devolución o el borrado documentados de los activos al terminar la relación. Añade la revocación puntual de accesos y tienes la lista de salida clásica. El ENS pide algo parecido en mp.per.2, deberes y obligaciones.

El punto 10.4 exige un proceso disciplinario para los incumplimientos de la política de seguridad. Puede apoyarse en el régimen disciplinario del convenio. No puede ser verbal.

Las evidencias que pedirá un auditor

Las directrices de ENISA anticipan bien la lista:

  1. Un análisis documentado de qué funciones requieren verificación, y por qué.
  2. Un procedimiento de verificación, con registro de que se completó antes de la incorporación.
  3. Acuses de recibo firmados de la política de seguridad por empleados y, cuando proceda, proveedores.
  4. Contratos de trabajo con deberes de confidencialidad que perduran tras la salida.
  5. Registros de baja: activos devueltos, accesos revocados, con fecha.
  6. Un proceso disciplinario comunicado.
  7. Contratos con proveedores con cláusula de verificación donde el riesgo lo justifique.

Lo que no está en la lista: una carpeta de certificados de antecedentes penales. En España, esa carpeta es la infracción.

Si quieres saber dónde está un cliente en esta y en las demás medidas del Article 21 antes de que lo pregunte la autoridad, haz el quick scan de NIS2Certify. Obtienes un análisis de brechas que puedes llevar al responsable de seguridad y a RR. HH.

Empieza por la lista de funciones. Diez minutos en el proveedor de identidad del cliente muestran quién tiene acceso privilegiado. Si esas personas fueron verificadas antes de recibirlo, y con medios lícitos, es la pregunta que importa.

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